La Universidad Nacional de Cuyo, al igual que todo el sistema universitario público argentino, se encuentra en una situación crítica debido a la falta de recursos que garanticen el mínimo desarrollo de sus actividades académicas y administrativas.
Asistimos a una política de desprestigio y desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica que se manifiesta, entre otras, en la eliminación de programas de becas estudiantiles y de subsidios para el desarrollo de proyectos de investigación, la degradación del ministerio de Ciencia y Técnica y el desmantelamiento de organismos esenciales para el desarrollo del campo científico, como CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. A este delicado contexto se le suma la emergencia salarial de los trabajadores universitarios, quienes han sufrido un deterioro dramático en sus ingresos. En este sentido el panorama es desolador, ya que más del 85% del personal docente y más del 60 % del personal no docente de las universidades percibe salarios que están por debajo de la línea de pobreza.
El pasado 12 de septiembre, la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que brinda una respuesta a la agobiante coyuntura. La norma garantiza los fondos presupuestarios para sostener el sistema universitario únicamente durante el año 2024.
En el contexto actual, y atendiendo a las campañas de desinformación que se han difundido, cabe destacar que la Ley de Financiamiento Universitario:
. No pone en riesgo el equilibrio fiscal, ya que representa apenas el 0.14% del producto bruto interno (PBI)5, previendo auditorías internas de los gastos por parte de la Auditoría General de la Nación.
. Garantiza el normal funcionamiento de nuestra Casa de Estudios, al actualizar las partidas presupuestarias destinadas a los gastos de funcionamiento, investigación y extensión, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024.
. Establece una recomposición salarial para los trabajadores universitarios conforme a la inflación registrada por el INDEC.
Sin embargo, el Presidente de la Nación ha anunciado su voluntad de vetar totalmente esta ley, reinstaurando el escenario de inestabilidad e incertidumbre para el sector.
Por todo lo expuesto, como docentes, estudiantes, egresados/as y personal no docente de la Facultad de Filosofía y Letras, nos movilizamos este 2 de octubre contra el veto a la ley de financiamiento universitario.
- MARCHAMOS porque la educación es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y porque la Ley de Educación Superior establece que el Estado Nacional tiene la responsabilidad personal e indelegable sobre esta, garantizando un financiamiento que asegure su calidad.
- MARCHAMOS porque la universidad argentina es, y ha sido a lo largo de la historia de nuestro país, el principal instrumento de movilidad social ascendente.
- MARCHAMOS para defender la universidad como espacio de debate en donde conviven numerosas ideologías, prácticas y saberes que cimentan nuestra cultura nacional.
- MARCHAMOS porque la educación es un derecho humano y es la única herramienta que puede garantizar el progreso y desarrollo de nuestra sociedad.
Marchamos siempre por la universidad pública argentina.
