Facundo Martín, investigador del CCT Conicet Mendoza y profesor de la UNCUYO, está convencido de que la derogación de la Ley de Tierras que incluyó el gobierno de Javier Milei en el DNU y que ya está vigente no es un instrumento de gestión que busque modificar una realidad, sino una cuestión discursiva, de propaganda, una señal a nivel mundial de ofertar a la Argentina, de llamar la atención sobre la posibilidad hacer “negocios fáciles”, “sin burocracias” y, desde su mirada crítica, la puerta para facilitar un proceso de extracción de recursos naturales desmedido, sin ningún control.

Martín, quien es investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Inchusa) del CCT Conicet Mendoza y profesor en el departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, aclaró que es falsa la razón que se dio desde el Ejecutivo para derogar la ley: que obstaculizaba las inversiones.

“Como la ley no había sido tan efectiva en términos de limitar concretamente los procesos de extranjerización, creo que la decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales, hacia las grandes empresas del agronegocio, de la minería o de la explotación de recursos naturales. No es que la ley estaba siendo súper efectiva y era el gran obstáculo, como dice en el DNU, la ley no estaba obstaculizando las inversiones”, fueron sus palabras.

Derogación por decreto

El 21 de diciembre y por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció los aspectos centrales incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2003 titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. El punto 11 estableció la derogación de la Ley 26.736, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, para “promover las inversiones”.

El DNU fue publicado en el Boletín Oficial y entró efectivamente en vigencia el 29 de diciembre, aún cuando debe ser validado por el Congreso. A esto se suma que la Justicia nacional deberá decidir sobre los recursos de amparo que diversas organizaciones presentaron contra el mismo y que la Corte Suprema lo analizará en febrero, al regreso de la feria. Mientras tanto, está vigente.

La norma derogada, que se conoce como Ley de Tierras, se aprobó en 2011 y su objetivo fue limitar la extranjerización de las tierras, un fenómeno mundial que se expandió a partir de 2008. Para esto, estableció que las personas foráneas no pueden ser titulares de más del 15% del total de los suelos rurales a nivel nacional, lo que se replica en cada provincia y departamento. Además, prohíbe que sean dueños de inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y de zonas de seguridad de frontera.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la ley se modificó por decreto, por el que se otorgó mayor libertad para la compra de tierras a personas extranjeras. Entre otros aspectos, cambió la forma de analizar el paquete accionario de una firma para considerarla foráneas o nacional.  

La ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) -dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-, que por primera vez permitió conocer la cantidad de suelo en manos extranjeras. Según información oficial actualizada a abril de 2022, el 5,57% de ese territorio está en manos de foráneos (12.520.826 hectáreas). Mendoza es la quinta provincia en cantidad de tierras rurales en manos extranjeras (1351109.59 hectáreas, es decir 9,11% del total), un ranking que lidera Salta (1791504.36 ha, es decir 11,56 del total) y a la que le siguen Misiones (11,7% de la superficie total), San Juan (10.48 %) y Corrientes (9.87 % del total).

Una ley en contexto

Martín, profesor de Geografía Rural y Ecología Política en la UNCUYO, consideró esencial repasar el contexto en el que se aprobó esa ley. Explicó que entre 2008 y 2010 se produjo a nivel mundial un fenómeno que se conoció como "acaparamiento de tierras o fiebre global de tierras", que derivó de la crisis de especulación inmobiliaria y financiera que se registró primero en Estados Unidos y luego en Europa, y que llevó a fondos especulativos a buscar inversiones más seguras en el sur, específicamente en la compra de recursos naturales (tierra, agua, bosques, derechos mineros). Este fenómeno, señaló, se combinó con sequías en zonas productoras internacionales, que provocaron hambrunas y una enorme inestabilidad en los precios de los alimentos, especialmente en África y Asia, lo que llevó a los países a preocuparse por el concepto de soberanía alimentaria.

Estos dos factores -subrayó el profesor- llevaron a un proceso de “acaparamiento de tierras” en toda la América Latina, sobre el que llamó la atención la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este contexto se aprobó la ley de limitación de tierras a extranjeros en Argentina y en otros países de la región como Bolivia, Colombia y Brasil.

El investigador consideró que la ley tuvo aspectos positivos y otros en los que no se avanzó. Entre los primeros incluyó que puso en foco el debate sobre la extranjerización de la tierra en la agenda gubernamental y que el mismo se trasladó a una política pública y, en el segundo, que en términos operativos no fue muy eficaz porque al no ser retroactiva conservaron superficies intactas corporaciones como el Grupo Benetton (posee 844.200 hectáreas a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz) o el magnate Joseph Lewis, que es dueño de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro.

“Creo que la ley tuvo la virtud de abrir un debate sobre políticas públicas y ganar cierta capacidad en el Estado nacional y en las provincias de control sobre la tierra que se había perdido, pero realmente en términos efectivos no hay mucho que contar, porque los porcentajes del relevamiento dieron muy por debajo de los límites que se puso, de ese 15 %”, expresó.

¿Cuáles son las posibles consecuencias de la derogación de la ley? El investigador respondió.

Creo que esta decisión tiene que ver más con una señal a nivel mundial de ofertar a la Argentina, de llamar la atención para hacer negocios fáciles, sin obstáculos, sin burocracias, con seguridad jurídica entre comillas, comillas, comillas, que es lo que se propicia desde todas las políticas recientes que se están promoviendo tanto en el DNU como en la ley ómnibus. Es generar un clima de negocios en el lenguaje del Gobierno, que desde una perspectiva más crítica tendríamos que decir un proceso de facilitar el despojo, los procesos de extracción de recursos naturales desmedido, sin ningún tipo control. Creo que la ley no fue tan efectiva en términos de limitar concretamente los procesos de extranjerización, por eso me parece que la decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de visibilidad y de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales, hacia las grandes empresas del agronegocio, de la minería o de la explotación de recursos naturales. No es que la ley estaba siendo súper efectiva y era el gran obstáculo, como dice en el DNU, que se deroga para facilitar las inversiones, porque la ley no estaba obstaculizando las inversiones efectivamente. Por lo tanto, según mi opinión tiene que ver con un aspecto más discursivo, de marketing, de propaganda o de vender un clima de negocios y una cuestión ideológica, que realmente un instrumento de gestión o de regulación que vaya a cambiar la situación concreta.

¿Qué consecuencias puede tener la derogación respecto de los recursos naturales, porque la Ley de Tierras prohíbe a los extranjeros comprar suelos ribereños a cursos de agua o en zona de seguridad de frontera?

En cuanto a los cuerpos de agua y las zonas de fronteras, si bien están marcados estos aspectos en la ley, hay otras legislaciones mucho más antiguas que prohíben la extranjerización de las tierras por cuestiones de soberanía, de geopolítica, porque por ejemplo si tenés un gran terrateniente en una zona de frontera en un escenario de hipótesis de guerra con Chile, con Bolivia, con Brasil con un país limítrofe, está comprometida la capacidad de toma de decisiones de parte del Estado sobre tierras privadas, es limitada. Entonces, por una cuestión de soberanía, de control, de geopolítica en esos espacios de frontera, es importante que el titular sea la Nación. Y con los cuerpos de agua es importante, porque se consideran recursos estratégicos cada vez más escasos y complicados de gestionar y de proteger, entonces si hay actores privados que son propietarios o tiene acceso en forma permanente a estos cuerpos de agua, disminuye la capacidad estatal, entonces es importante que esta ley haya reforzado eso.

Hay otro aspecto que marcó el profesor, y fue el cambio de foco de la discusión en la economía política de la agricultura. Dijo que la relevancia ya no está puesta solo en la propiedad de la tierra, como fue durante las reformas y las luchas que se produjeron a lo largo del siglo XX, sino que hoy el centro está en quien toma las decisiones sobre el uso del suelo, porque alguien puede ser titular registral, pero las decisiones sobre ese suelo las puede tomar una empresa extranjera, quién compra lo que se produce, la firma que me provee tecnología o la que financia el cultivo, etc. Por eso, subrayó la necesidad de regular la propiedad de la tierra, pero también sobre quién decide qué se hace y cómo.